Fuente: El Comercio
A poco más de un mes de haber dejado el poder, el régimen de Ollanta Humala Tasso, autodenominado en principio como el de “La gran transformación», se viene convirtiendo en el gobierno de “La gran defraudación”. Este término tiene dos connotaciones claramente delimitadas.
La primera, quién sabe la más trascendental, es de orden moral. Dicho gobierno llegó al poder con firmes promesas de transformar y hacer reformas importantes en el ámbito político, social y económico, Ofrecieron, con énfasis, crear y reforzar los programas de asistencia social e invertir en infraestructura, sobre todo en los sectores de mayor sensibilidad, con la finalidad de alcanzar a los más desatendidos.
Despotricó de gobiernos anteriores llamándolos de “panzones y gordos”, calificando a esas gestiones como ineficientes, populistas y hasta con hálitos de corrupción. Hoy se van develando las cifras que fueron, al parecer, maquilladas para embellecer un resultado, que no ha sido tal, y que termina por demostrar que los Humala-Heredia escupieron al cielo, algo que no se debe hacer, y en política menos.
Un déficit fiscal de 3.2 %, el aumento de la anemia infantil en niños menores de 3 años, del 2011 al 2016, de 41,6% a 43,5%, abonan en ese sentido. Los más de dos mil millones de dólares gastados en partidas secretas para compras militares, gasto que según se dice, ni en épocas del general Velasco Alvarado que se preparaba para la guerra, deben de ser esclarecidos. Sobrevaloraciones en obras millonarias como el Gasoducto del Sur, la Línea 2 del metro de Lima y probables coimas de la brasileña Odebrecht, nos indican a qué nivel de descomposición podría haber llegado este gobierno que se fue.
La compra de una avioneta Cessna, para uso particular de la ex primera dama, fue la cerecita en la torta de la frivolidad con la que el gobierno Nacionalista manejó las finanzas públicas, durante su ejercicio. Este indicio refuerza, además, la injerencia que Heredia Alarcón tuvo en el poder.
La segunda, y no menos importante, es de orden legal. Si se defraudó o no al Estado, corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público determinarlo. Las comisiones de investigación, una vez más, ya empiezan a conformarse en el seno del Congreso de la República. Huele a sangre. Pero hay que decir también que fue un error intentar nombrar a Juan Díaz Dios como coordinador parlamentario en la Contraloría General de la República, porque se evidenció la sed de venganza del fujimorismo. Lo peor, en este momento, sería politizar las investigaciones ya que darían pie para aducir una persecución política, que a la luz de los hechos no es sustentable.
Sin duda, hay razones para escrutar el mandato de Ollanta Humala, pero que se haga con minuciosidad y sin pasiones.
Fuente: La Primera