DIVIDIDOS POR «BAGUAZO»

Después de más de 7 años se dictó, por fin, sentencia en el caso de los sucesos ocurridos en la “Curva del Diablo”, donde perdieron la vida 12 policías. Este caso, conocido como el “Baguazo”, se suscitó en el segundo gobierno aprista (2006-2011). La sentencia, absolutoria, favoreció a 52 nativos de las etnias awajún, wampis, shawi, entre otras. La sentencia ha generado opiniones divididas.

Cabe recordar que esta asonada, que alcanzó a otras localidades amazónicas, cobró la vida de 33 víctimas: 23 policías y uno que continúa en condición de desaparecido, el mayor PNP Felipe Bazán, y cuyo caso ha sido considerado emblemático en este lamentable hecho y 9 nativos, cuando menos. Hay que recalcar que esta sentencia sólo está referida a los hechos del “Baguazo” y no a los ocurridos en la Estación Nº 6 ni el caso del mayor Bazán.

Lo anecdótico es que esta sentencia ha confrontado por primera vez, por lo menos en posiciones, a dos connotados ministros de este régimen: Carlos Basombrío (Ministerio del Interior) y Marisol Pérez Tello (Ministerio de Justicia). Si no confrontados, al menos divididos. Además, amigos. El defiende la institucionalidad y el principio de autoridad. Ella, en cambio, simplemente el derecho a la libertad.

Frente a la sentencia Basombrío se mostró en desacuerdo y aseveró: “Nunca en la historia del Perú, ni siquiera Sendero Luminoso, hizo una matanza de policías tan grande, sangrienta y atroz como la que ocurrió en Bagua”, sentenció, en clara disconformidad frente al dictamen.

Por su parte Pérez Tello, en contrario, se mostró muy satisfecha con el fallo y lo calificó de justo. Su opinión responde a que, hasta la fecha, no se ha podido probar la responsabilidad de alguno de los acusados, habida cuenta que la muerte de los 12 policías fue ocasionada por bala de fusil y ninguno de los acusados dio positivo a las pruebas de absorción atómica.

Adicionalmente, la ministra ha sido enfática al afirmar que esto no significa impunidad y que hay que encontrar a los responsables e investigar, pero no se puede meter a cualquiera a la cárcel. No son desconocidos, además, los estrechos lazos de la ministra con la defensa de los más desprotegidos y su efervescencia por la defensa de los Derechos Humanos.

Sin embargo, no corresponde a este análisis dirimir la razón en esta controversia sino apelar a la racionalidad de lo sucedido, a la memoria y plantear algunas interrogantes: Si los policías murieron a causa de balas de fusil, ¿Quiénes más los portaban?; si los nativos dieron negativo a las pruebas de absorción, ¿Quién disparó?; si atendemos al hecho que no hay ninguna responsabilidad política, ¿Quién dirigió el operativo o quién dio la orden de disparar? Hay muchas preguntass  que responder.

Este vergonzoso y execrable caso debe ser necesariamente esclarecido, por la salud mental del país, más allá de la coyuntura, porque podría revelar que este tipo de prácticas se siguieron sucediendo, después de las décadas negras de la demencia terrorista, ya sea desde minúsculos grupos que se mantienen, aún, en contra del Estado y, quizás, aunque sin desearlo, desde el Estado y  sus propias fuerzas del orden.

Los 24 policías y los 9 nativos, aunque se dice que podrían ser muchos más, reclaman ser «escuchados», a pesar del tiempo transcurrido. Tiene que investigarse con veracidad y hallarse la verdad, caiga quien caiga.

Fotos: La República

 

 

EN CAMISA DE FUERZA

Tras su llegada del periplo por la China y un breve paso por New York el presidente, Pedro Pablo Kucynski, encuentra un panorama poco alentador e incierto para llevar a cabo sus planes de gobierno.

Luego que el pedido de facultades legislativas fuera repartido en 10 comisiones para ser desmenuzado, como si el nivel de análisis de los congresistas fuera tan técnico, salvo honrosas excepciones claro, PPK ve como su fajín se viene convirtiendo en una camisa de fuerza.

Cabe precisar que, en las últimas décadas, no hay precedentes de tan tenaz resistencia para otorgarle las facultades a un gobierno que inicia, que además se enfrenta a la paradoja de tener que solicitárselo, cual permiso, a quienes le ganó la elección. Toda esta discusión va generando una pérdida de tiempo, innecesaria, que le impide al Gobierno dictar medidas precisas para enfrentar los grandes problemas del país: el crecimiento económico, la seguridad ciudadana, la corrupción, la salud y la educación, por nombrar algunos urgentes, y que no pueden esperar más.

 El discurso de la bancada fujimorista, maquillado como democrático y conciliador, expele, aún, un olor a resentimiento, a venganza y que puede condicionar en mucho el éxito o fracaso de este gobierno. No en vano, cual fantasma,  Keiko Fuimori ha desaparecido de la escena política y parece ser su estrategia mantenerse escondida, para salvaguardarse de la maquiavélica conducta adoptada por su cítrica  bancada, sin duda ordenada por ella.

 Lo ocurrido con Yeni Vilcatoma, “adalid” de la lucha contra la corrupción en la campaña electoral, es una muestra más del autoritarismo que hace gala este partido y su joven lideresa, lo tiene en su ADN, es su doctrina, desde su nacimiento y es difícil creer, por lo mostrado, que han cambiado de verdad. La aprobación del proyecto de la “Ley anti trasfuguismo”, le pondría candado a posibles salidas futuras y eso es una seguridad para ellos.

 El doble discurso para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) evidenciado por Keiko en campaña, y ahora «desautorizado» por sus congresistas, muestran el corolario de una actitud contradictoria que exhiben los parlamentarios fujimoristas en la coyuntura actual.

 Ojalá asomen pronto los consensos y no se amarre el desarrollo de nuestro país, porque hay muchas personas que lo esperan y, otras, que con mezquinos intereses,  podrían hasta desearlo.  Estaremos atentos.

Foto: Andina

 

COMO CUY “CHACTADO”

Como si el cuy estuviese seccionado y listo para preparar el potaje más popular de nuestra sierra peruana, así de partidas están las cosas al interior de las filas de los “ppkausas” en el seno del Congreso de la República. Las fricciones o discrepancias se hacen cada día más notorias. Y sobre todo en la coyuntura actual, en la que el pedido de facultades legislativas ha sido enviado a diez comisiones “técnicas” para su estudio y análisis. Una actitud que hace alarde de la fuerza de la que goza la mayoría fujimorista en el Parlamento y que, al parecer, la seguirán haciendo sentir. Es ahora cuando la bancada oficialista debiese mostrarse más sólida que nunca y batallar por sus propuestas de gobierno.

En épocas de la campaña electoral ya se advertían algunas facciones claramente identificables. La primera de ellas, no por orden de importancia, estuvo compuesta por la gente del hoy vicepresidente Martín Vizcarra, hombre de confianza de Pedro Pablo Kucynski (PPK). Una segunda a cargo de los ex “peruposibilistas”, que además fueron los voceros oficiales en la lid electoral y que, gradualmente, se fueron ganando un lugarcito en el nuevo partido. La tercera, conformada por la gente de Mercedes Araoz quién representa a los tecnócratas del partido y Gilbert Violeta, flamante y nuevo presidente del partido Peruanos Por el Kambio y según se dice, tuvo gran injerencia en la conformación de la lista congresal.

Hoy estas divisiones han empezado a generar diferencias y confrontaciones entre los congresistas de PPK. Lo ocurrido a raíz de la elección del nuevo Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez  Camacho, puso en evidencia que las pugnas en la propia bancada parlamentaria podrían acentuarse. Sobre ese suceso Kucynski declaró a los medios, muy a su estilo, que: «Son como colegiales que se tiran las cosas y después se amistan, y ya se amistaron”.

Esto, que no pasaría de ser una anécdota, ha terminado por desnudar lo que se preveía: una fragilidad partidaria que puede resultar muy peligrosa y que, además, puede darle a esta nueva agrupación política un horizonte muy corto. Hay facciones al interior del “ppkausismo” (por lo menos tres) y nadie puede negarlo.

La falta de una línea de conducción y de disciplina en el Hemiciclo, pueden terminar jugando en contra de las aspiraciones y metas del propio Gobierno. Es imperativo que PPK ponga orden, dé un ajuste de piezas y emprenda la construcción de un partido que, por ahora, no parece tal y que tiene que fortalecerse si no quiere tener como fecha de extinción el 2021. Menuda tarea que le espera al Jefe de Estado.

Foto: Perú 21

 

 

 

Y AHORA, ¿QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS?

El día de hoy dos de los tres candidatos que pretenden ocupar el máximo cargo en la Defensoría del Pueblo (DP) se presentaron en audiencia pública, ante el Congreso de la República, para exponer sus planes de gobierno de llegar a la conducción de esta importante institución del Estado.

Los postulantes propuestos por el Poder Legislativo son: el ex decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL),  Dr. Walter Gutiérrez Camacho, el ex presidente del Poder Judicial (PJ), Dr. Enrique Mendoza Ramírez y el abogado especialista en Derecho Constitucional,  Dr. Samuel Abad Yupanqui, socio además del prestigioso Estudio Echecopar. El candidato Gutiérrez no asistió a la cita congresal por encontrarse, según dijo, fuera de Lima.

El pleno parlamentario elegiría mañana, si los vientos soplan a favor, por mayoría calificada (dos tercios), es decir, con 87 votos a favor a uno de los tres aspirantes. Además, de lograrse el consenso, se estaría zanjando con una tarea pendiente que el Congreso anterior no pudo concluir. El actual defensor, Eduardo Vega Luna, ocupa el cargo de manera interina desde el 2011.

Se rumorea que el favorito, al parecer, sería el Dr. Gutiérrez Camacho quien contaría con la simpatía de Fuerza Popular, el APRA y Acción Popular. En el partido de gobierno, Peruanos Por el Kambio, no se habría logrado acuerdos aún, pues las preferencias estarían divididas entre Gutiérrez y Abad.

Sin embargo, cabe resaltar que la modalidad de la elección seguiría forzando a que los aspirantes tuviesen que realizar, inevitablemente, conversaciones con los diversos partidos políticos, a fin de asegurarse mayores posibilidades, lo que está reñido contra el espíritu mismo de esta entidad pública fundamental. La esencia primordial de este organismo es su calidad de constitucionalmente autónomo. ¿Qué autonomía puede exhibir alguien que de una u otra forma es elegido por afinidad política?

Por si esto fuera poco, su proyecto de presupuesto es presentado al Poder Ejecutivo y sustentado en el Congreso de la República. Como vemos, condicionado en todas sus formas.

Despolitizar la Defensoría del Pueblo es una tarea imperativa. Para ello se requeriría de una reforma de la Constitución Política de1993, en su art.161, en lo referido al procedimiento de elección de su máximo representante. La selección debiese realizarse por concurso público y evitar así las intromisiones en los ámbitos políticos.

Caso contrario, seguiremos teniendo un Defensor del Pueblo por 5 años más, ininterrumpidos, y que estará empeñado con el poder de turno, sea en el nivel del Ejecutivo, Legislativo o en ambos.

Fotos: La República

¿»AGRI AVIADA”?

En un tono más que agrio la flamante ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, fue agraviada y atacada, cual piñata, por un sector de la ultra derecha mediática, debido a su presencia y a sus declaraciones, en días pasados, en el monumento del “Ojo que llora”, a propósito del 13º aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). A priori, un maltrato injusto e inmerecido para la novel ministra.

El compromiso de Pérez Tello con los derechos humanos nos es novedad para nadie, ni es reciente, y mucho menos improvisado. Es una convicción en ella, es una forma de concebir y sentir la humanidad y es, principalmente en ella, una prédica que ha hecho suya a lo largo de su carrera pública.

Pocos saben que, como congresista, visitaba frecuentemente las cárceles para abogar por mejoras de las condiciones carcelarias, infrahumanas, en las que viven los presos de todo el país. Finalmente, son seres humanos y merecen un trato digno también.

El entredicho con el Cardenal Cipriani a raíz del fallo dictado por el Poder Judicial, que obliga al Ministerio de Salud a distribuir la píldora del día siguiente, la terminan de pintar de cuerpo entero. Los que la conocen saben, además, de su ferviente devoción católica y religiosa. Sin embargo, frente a dicho fallo se puso por encima de sus propias creencias para salvaguardar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus embarazos y, también, porque la ley obliga a su cumplimiento. Mal haría  la cabeza del sector Justicia si desconociese el mandato de la ley.

Tildarla de “caviarona”, por este hecho, ha sido poco justo y mezquino, por decirlo menos. Adicionalmente, porque se acomete contra una de las personas más decentes que este Gobierno ha podido convocar. Ella, como nadie, ha dado muestras inéditas de honestidad, desprendimiento y consecuencia en la política. Lo demostró al renunciar a la reelección parlamentaria, por motivos que todos conocemos, en la que era un bolo fijo.

Los derechos humanos son inherentes, universales e inalienables para todo individuo y   hay que entender que están por encima de cualquier interés ideológico (izquierdas, derechas), político (partidos) o de cualquier otra índole. Y los periodistas tienen la responsabilidad de no dejarse llevar por sus apasionamientos. Al que le caiga el guante…

Fuente: El Comercio