DIVIDIDOS POR «BAGUAZO»

Después de más de 7 años se dictó, por fin, sentencia en el caso de los sucesos ocurridos en la “Curva del Diablo”, donde perdieron la vida 12 policías. Este caso, conocido como el “Baguazo”, se suscitó en el segundo gobierno aprista (2006-2011). La sentencia, absolutoria, favoreció a 52 nativos de las etnias awajún, wampis, shawi, entre otras. La sentencia ha generado opiniones divididas.

Cabe recordar que esta asonada, que alcanzó a otras localidades amazónicas, cobró la vida de 33 víctimas: 23 policías y uno que continúa en condición de desaparecido, el mayor PNP Felipe Bazán, y cuyo caso ha sido considerado emblemático en este lamentable hecho y 9 nativos, cuando menos. Hay que recalcar que esta sentencia sólo está referida a los hechos del “Baguazo” y no a los ocurridos en la Estación Nº 6 ni el caso del mayor Bazán.

Lo anecdótico es que esta sentencia ha confrontado por primera vez, por lo menos en posiciones, a dos connotados ministros de este régimen: Carlos Basombrío (Ministerio del Interior) y Marisol Pérez Tello (Ministerio de Justicia). Si no confrontados, al menos divididos. Además, amigos. El defiende la institucionalidad y el principio de autoridad. Ella, en cambio, simplemente el derecho a la libertad.

Frente a la sentencia Basombrío se mostró en desacuerdo y aseveró: “Nunca en la historia del Perú, ni siquiera Sendero Luminoso, hizo una matanza de policías tan grande, sangrienta y atroz como la que ocurrió en Bagua”, sentenció, en clara disconformidad frente al dictamen.

Por su parte Pérez Tello, en contrario, se mostró muy satisfecha con el fallo y lo calificó de justo. Su opinión responde a que, hasta la fecha, no se ha podido probar la responsabilidad de alguno de los acusados, habida cuenta que la muerte de los 12 policías fue ocasionada por bala de fusil y ninguno de los acusados dio positivo a las pruebas de absorción atómica.

Adicionalmente, la ministra ha sido enfática al afirmar que esto no significa impunidad y que hay que encontrar a los responsables e investigar, pero no se puede meter a cualquiera a la cárcel. No son desconocidos, además, los estrechos lazos de la ministra con la defensa de los más desprotegidos y su efervescencia por la defensa de los Derechos Humanos.

Sin embargo, no corresponde a este análisis dirimir la razón en esta controversia sino apelar a la racionalidad de lo sucedido, a la memoria y plantear algunas interrogantes: Si los policías murieron a causa de balas de fusil, ¿Quiénes más los portaban?; si los nativos dieron negativo a las pruebas de absorción, ¿Quién disparó?; si atendemos al hecho que no hay ninguna responsabilidad política, ¿Quién dirigió el operativo o quién dio la orden de disparar? Hay muchas preguntass  que responder.

Este vergonzoso y execrable caso debe ser necesariamente esclarecido, por la salud mental del país, más allá de la coyuntura, porque podría revelar que este tipo de prácticas se siguieron sucediendo, después de las décadas negras de la demencia terrorista, ya sea desde minúsculos grupos que se mantienen, aún, en contra del Estado y, quizás, aunque sin desearlo, desde el Estado y  sus propias fuerzas del orden.

Los 24 policías y los 9 nativos, aunque se dice que podrían ser muchos más, reclaman ser «escuchados», a pesar del tiempo transcurrido. Tiene que investigarse con veracidad y hallarse la verdad, caiga quien caiga.

Fotos: La República