El día de hoy dos de los tres candidatos que pretenden ocupar el máximo cargo en la Defensoría del Pueblo (DP) se presentaron en audiencia pública, ante el Congreso de la República, para exponer sus planes de gobierno de llegar a la conducción de esta importante institución del Estado.
Los postulantes propuestos por el Poder Legislativo son: el ex decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Dr. Walter Gutiérrez Camacho, el ex presidente del Poder Judicial (PJ), Dr. Enrique Mendoza Ramírez y el abogado especialista en Derecho Constitucional, Dr. Samuel Abad Yupanqui, socio además del prestigioso Estudio Echecopar. El candidato Gutiérrez no asistió a la cita congresal por encontrarse, según dijo, fuera de Lima.
El pleno parlamentario elegiría mañana, si los vientos soplan a favor, por mayoría calificada (dos tercios), es decir, con 87 votos a favor a uno de los tres aspirantes. Además, de lograrse el consenso, se estaría zanjando con una tarea pendiente que el Congreso anterior no pudo concluir. El actual defensor, Eduardo Vega Luna, ocupa el cargo de manera interina desde el 2011.
Se rumorea que el favorito, al parecer, sería el Dr. Gutiérrez Camacho quien contaría con la simpatía de Fuerza Popular, el APRA y Acción Popular. En el partido de gobierno, Peruanos Por el Kambio, no se habría logrado acuerdos aún, pues las preferencias estarían divididas entre Gutiérrez y Abad.
Sin embargo, cabe resaltar que la modalidad de la elección seguiría forzando a que los aspirantes tuviesen que realizar, inevitablemente, conversaciones con los diversos partidos políticos, a fin de asegurarse mayores posibilidades, lo que está reñido contra el espíritu mismo de esta entidad pública fundamental. La esencia primordial de este organismo es su calidad de constitucionalmente autónomo. ¿Qué autonomía puede exhibir alguien que de una u otra forma es elegido por afinidad política?
Por si esto fuera poco, su proyecto de presupuesto es presentado al Poder Ejecutivo y sustentado en el Congreso de la República. Como vemos, condicionado en todas sus formas.
Despolitizar la Defensoría del Pueblo es una tarea imperativa. Para ello se requeriría de una reforma de la Constitución Política de1993, en su art.161, en lo referido al procedimiento de elección de su máximo representante. La selección debiese realizarse por concurso público y evitar así las intromisiones en los ámbitos políticos.
Caso contrario, seguiremos teniendo un Defensor del Pueblo por 5 años más, ininterrumpidos, y que estará empeñado con el poder de turno, sea en el nivel del Ejecutivo, Legislativo o en ambos.
Fotos: La República
Con Ajos y Cebollas 
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