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En estos días el contralor Edgar Alarcón Tejada está en boca de todos, qué duda cabe es el personaje de la semana.

Luego del informe en negativo de la Contraloría General de la República, dirigida por Alarcón, con motivo de la adenda del contrato para la construcción del esperado aeropuerto de Chinchero el fuego cruzado entre el Gobierno, el Contralor y algunos congresistas, ha sido encarnizado.

Algunos dicen que los ataques de los que viene siendo objeto el funcionario público son en represalia por la opinión desfavorable a la adenda y que el Ejecutivo habría sacado del sombrero una serie y  a la vez muy serias acusaciones contra el contralor Alarcón, cuando éste ocupaba el cargo de Gerente General y Vice Contralor. Los embates han sido furibundos y han puesto en tela de juicio su continuidad en el cargo, aunque él pretende aferrarse pues ya declaró que no renunciará.

Las denuncias no son moco de pavo tampoco, pues el máximo representante de la “pulcritud” estatal, es decir, el que controla la corrupción en el aparato público, fue denunciado por su propio auditor Walter Grados. Las denuncias son diversas y han puesto al sucesor de Fuad Khoury en apuros.

Unos audios hechos públicos en días pasados revelan que el denunciante fue llamado por el mismo Alarcón para que se inhibiese, en ese entonces, de presentar la acusación contra su propio jefe. Vamos, el solo hecho que un subordinado sea requerido por su jefe ya constituye una presión. Pero el valiente auditor no cedió.

En este punto sorprende que la denuncia contra Alarcón haya sido presentada el año pasado a la mesa directiva del Congreso, conducida por Luz Salgado, de ahí pasada a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que ésta la hiciese dormir el sueño de los justos por declararse incompetente para tramitarla. El hecho de que aparezca en estos momentos se presta para muchas suspicacias en la coyuntura actual.

En este lío que se ha armado llama también la atención la opinión del novel, pero aplomado, presidente de la Comisión de Constitución, Miki Torres, quien ha sostenido de manera personal que para él los audios no revelan ningún indicio de intimidación del contralor contra su denunciante. Hoy se sabe de una antigua amistad entre el legislador y Juan Carlos Ruiz Rivas (de Atik), asesor institucional de la Contraloría. Esto desvirtuaría su objetividad en la defensa que este congresista naranja hiciera del Contralor.

Pero volvamos a las acusaciones en contra de Alarcón Tejada. En el 2010, cuando era gerente general, la señora Marcela Mejía Franco obtuvo una jugosa liquidación por sus servicios prestados a la Contraloría. Esto no tendría nada de especial de no ser porque dicha persona es nada menos que la madre de sus dos hijos. Algo éticamente cuestionable por lo menos, aunque el funcionario deslindó y le sopló la pluma al área de recursos humanos. Un posible favoritismo se dejaría traslucir en este caso.

Edgar Alarcón es acusado además de haber adquirido desde el 2002 más de 90 automóviles, algo que le estaría impedido por la Ley 27785,  Ley Orgánica de la Contraloría. Además, adquirió siete vehículos en los últimos 2 años, alguno de ellos de lujo, por un valor superior a los 180 mil dólares americanos.

Para remate se reveló que realizó operaciones de compra de vehículos con un proveedor de la entidad pública, comprándole una camioneta Audi Q7 que bordea los USD $ 70 mil y que le fue vendida a Alarcón, al año siguiente, por menos de la mitad de su valor cuando era él Vice Contralor. “¿Y cómo lo hace? Yo no sé, ¿cuál es el negocio? sepa usted…” Tiene suerte nuestro emblemático combatiente de la corrupción.

Para ser equilibrados no deja de extrañar sobre manera la visita hecha el viernes pasado, previo al informe, por los ministros Vizcarra y Thorne. Este último habría condicionado, según denunció Alarcón, la aprobación de una partida presupuestaria para el ente estatal, “sujetándola” al informe sobre la adenda. Algo que debería investigarse con carácter imperativo para despejar todo halo de duda sobre un posible chantaje.

Un rasgo que se ha hecho característico en Alarcón es su afán protagónico y su inclinación por las cámaras y los reflectores. El Contralor es un técnico y no es un político. Su trabajo debe ser silencioso, profesional, discreto y solo dedicarse a emplazar a aquellos funcionarios públicos que sean detectados por su organización haciendo mal uso de los recursos del Estado. El “figuretismo” no es su papel.

Más allá de las acusaciones mutuas queda claro que el Sr. Alarcón ha quedado deslegitimado para seguir en el cargo. La primera Fiscalía Anticorrupción le ha abierto ya un proceso de investigación. El Contralor General de la República debe ser incuestionable, impoluto, casi inmaculado. Ello es lo que demanda el cargo para ser desempeñado con idoneidad.

La confianza de la ciudadanía, ademas, está muy mermada por estos tiempos y para creer en una verdadera y frontal lucha contra la corrupción hay que tener autoridad, en todo el sentido de la palabra. Caso contrario, apaguemos la luz y vayamos todos a dormir para seguir soñando con tener “algún día” un país libre de corrupción. Hay que empezar YA y para eso Edgar Alarcón debería dar un paso al costado. Esperaremos.

ENTREVISTA A ALFREDO THORNE, JEFE DEL PLAN DE GOBIERNO DE PPK.

Foto: La República

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